Acuerdo para el Teletrabajo Aún sin Concretar
En abril de 2021, las organizaciones sindicales UGT, CCOO, CSIG, y CIG, junto con el entonces Ministro de Función Pública, Miquel Iceta, establecieron un convenio para normar el teletrabajo en la Administración General del Estado. A pesar de este acuerdo, hasta la fecha, las regulaciones detalladas del Estatuto Básico del Empleado Público no se han implementado completamente. Los sindicatos están instando al actual ministro, José Luis Escrivá, a formalizar y asegurar todas las condiciones acordadas para la prestación de servicios a distancia por parte de los empleados públicos.
La Práctica Actual del Teletrabajo en la AGE
Muchos empleados de la AGE ya trabajan a distancia varios días a la semana, siguiendo el plan de ahorro y eficiencia energética que se aprobó en 2022 debido a la crisis generada por el conflicto en Ucrania. La orden ministerial PCM/466/2022 facilitó esta modalidad de «trabajo a distancia», especificando los roles que podrían adoptarla y estableciendo que al menos el 40% de la jornada laboral se debe realizar de manera presencial. Sin embargo, los sindicatos consideran que esta medida es temporal y no suficiente, ya que depende del estado de emergencia actual y podría ser revocada en cualquier momento.
Experiencias Pre-Pandémicas y Adaptaciones Forzadas
Antes de la pandemia, el teletrabajo era algo inusual en la AGE, limitándose a ciertos sectores como el personal de tráfico, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el de Fomento. La crisis sanitaria obligó a una adopción repentina del trabajo desde casa, careciendo de un marco regulador adecuado. Según Antonio González, coordinador de Acción Sindical de la AGE de UGT, en una entrevista con La Información, esta situación llevó a que se alternaran modalidades de trabajo presencial y no presencial en respuesta a la evolución de los contagios, bajo el amparo temporal del real decreto-ley 29/2020 que hablaba de «trabajo no presencial».
Introducción de Regulaciones de Teletrabajo
En 2020, bajo la dirección de Carolina Darias en la Función Pública, se integró el artículo 47 bis en el Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEB), que especifica claramente que el teletrabajo es una opción voluntaria y reversible. Sin embargo, la vaguedad de esta formulación fue notada por los sindicatos, quienes valoraron el compromiso mostrado por Miquel Iceta al asumir la cartera en enero de 2021. Esta transición desencadenó una serie de reuniones intensivas entre el Gobierno y los representantes sindicales, culminando en el «acuerdo de criterios generales para el desarrollo del teletrabajo en la Administración General del Estado».
Exclusiones y Directrices del Acuerdo
El acuerdo excluye explícitamente al personal militar, las fuerzas de seguridad, establecimientos sanitarios, centros docentes, así como jueces, magistrados, fiscales y personal de la Administración de Justicia. Se estableció que en todo momento se debía garantizar la atención directa y presencial al público. Además, cada ministerio o departamento tendría la responsabilidad de determinar cuáles puestos eran aptos para el teletrabajo, con métodos establecidos para la evaluación y seguimiento post-implementación. Se enfatizó que los empleados mantendrían todos sus derechos y obligaciones, incluida la desconexión digital al final de la jornada laboral, y que era necesario contar con al menos un año de antigüedad en el puesto para poder optar al teletrabajo.
Desafíos Actuales y Reclamaciones Sindicales
Montserrat Gómez Esteban, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, señala que muchas de las disposiciones del acuerdo no se han garantizado en medidas previas, como el real decreto-ley emitido durante la pandemia o las órdenes relacionadas con el ahorro energético debido a la invasión rusa de Ucrania. Además, apremia al Ministerio de Función Pública a implementar el acuerdo lo antes posible. Hasta el momento, el Gobierno ha mantenido una postura de no anunciar avances hasta que estén listos para ser implementados, y no ha habido declaraciones recientes desde que José Luis Escrivá tomó las riendas del departamento, confirmado también por fuentes de CSIF.
Desarrollo Regulatorio del Teletrabajo
El acuerdo establece que se puede regular el artículo 47 bis, que fue incorporado durante la pandemia, simplemente con la aprobación de un reglamento por parte del Consejo de Ministros, facilitando así su implementación sin necesidad de mayor soporte parlamentario. Desde UGT se ha argumentado que este paso sería suficiente. No obstante, existe la posibilidad de incorporar estos puntos en una legislación más amplia, tal como se propuso inicialmente con la Ley de Función Pública, aunque este proyecto no prosperó debido a la disolución del parlamento y la convocatoria de elecciones generales en julio.
Vínculo con los Fondos Europeos y Reformas de la Función Pública
La normativa en cuestión también estaba relacionada con la recepción del cuarto tramo de fondos europeos, pendientes de entrega a España. Durante las negociaciones de esta fase, el Gobierno optó por modificar los requisitos y dirigir los ajustes hacia la carrera horizontal del personal público, la evaluación de funcionarios y la planificación de recursos humanos en un decreto omnibus, aprobado al finalizar 2023. En estas negociaciones, el teletrabajo no fue incluido y quedó fuera de los temas tratados con la comisión encabezada por Ursula von der Leyen. La Comisión Europea tiene previsto finalizar la evaluación para el desembolso de los 10,000 millones de euros el próximo 20 de mayo.
