La Generalitat de Cataluña está ante el desafío más grande en términos de empleo público que haya tenido jamás. Debido a los repetidos retrasos del Govern, bajo la dirección de ERC en los últimos años, la administración autonómica se ve obligada a convocar más de 34.000 plazas antes de finalizar el año. Este esfuerzo tiene como objetivo reducir la temporalidad en la función pública a un 8%.
Obligatoriedad de la Ley 20/2021
El mandato proviene de la ley 20/2021, que establece que todas las administraciones, incluidos los ayuntamientos, deben cumplir con este porcentaje para finales de 2024. «Nunca antes se habían ofertado tantas plazas de una sola vez. Será todo un desafío organizativo, especialmente considerando la situación política actual en Cataluña», señalan fuentes sindicales.
Retrasos Acumulados
El gobierno catalán ha acumulado cuatro ofertas de empleo público sin ejecutar correspondientes a los años 2021, 2022, 2023 y 2024. En total, esto suma 34.312 plazas, que actualmente están ocupadas por trabajadores temporales. Cabe destacar que las oposiciones en curso para profesores y sanitarios incluyen parte de las tasas de reposición pendientes desde 2018.
Cataluña Lanza una Histórica Superconvocatoria de Empleo Público
La enorme convocatoria que la Generalitat de Cataluña debe lanzar antes de que finalice el año se distribuye entre las principales categorías laborales: el personal estatutario (que incluye al personal sanitario del Instituto Catalán de la Salud), los profesores, los Mossos d’Esquadra, los bomberos, los agentes rurales, los funcionarios de prisiones y el personal de administración y servicios. Se destaca especialmente la asignación de plazas para sanitarios y docentes, quienes representan el 69% de la oferta de los últimos cuatro años. En segundo lugar, se encuentra la policía autonómica, seguida por los técnicos de los diferentes departamentos.
Proceso de Estabilización
El retraso del Govern se debe principalmente a su enfoque en estabilizar a los interinos que se unieron a la Administración antes de 2016. Este proceso, iniciado tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha regularizado la situación de aquellos empleados que ingresaron mediante un proceso de selección, pero sin superar una oposición, acumulando años de antigüedad sin cambiar su estatus. Este primer semestre, el proceso finalizará y convertirá a la mayoría de los interinos en funcionarios. «El retraso se debe clarísimamente a la necesidad de estabilizar a estos 48.000 trabajadores», resume un delegado sindical.
Este proceso también ha contribuido a reducir la tasa de temporalidad, aunque mediante métodos extraordinarios y no a través de una convocatoria ordinaria de empleo público. «Las Administraciones autonómicas vienen de un sistema sin engrasar. Tan solo la Administración General del Estado va a ser capaz de cerrar el año con el 8%. En la mayoría de comunidades no se va a alcanzar este objetivo y en otras irá muy justito», añade otro sindicalista.
Aunque la ley de 2021 estableció claramente un calendario de actuaciones, las fuentes consultadas creen que la Generalitat podría cumplir con este si, al menos, lanzara la oferta pública de empleo este año, aunque su resolución se extendiera hasta 2025. De esta manera, se protegería ante posibles acciones legales. Sea como sea, el tiempo corre. Esto es especialmente importante debido a otro factor que afecta a la continuidad de los temporales: el llamado decreto Iceta. Esta normativa, aprobada en julio de 2021, impide que los trabajadores públicos permanezcan más de tres años en la misma posición encadenando contratos. Por lo tanto, dentro de dos meses, la Generalitat comenzará a rescindir los contratos de aquellos que ocupan el mismo puesto desde julio de 2021.
Retrasos Generalizados
Cataluña no es la única comunidad autónoma que llega tarde en el objetivo de reducir la temporalidad. Al cierre de 2023, la tasa de temporalidad en el sector público casi alcanzaba el 30%, impulsada por la alta eventualidad en comunidades autónomas y ayuntamientos, que concentran a nueve de cada diez trabajadores públicos temporales. Comparativamente, España es el segundo país europeo con una mayor tasa de temporalidad, situándose en un 18,1%, según Eurostat.
Por ello, aunque algunos son optimistas sobre la posibilidad de que la Generalitat alcance el 8% de temporalidad, otros son más pesimistas. «Cataluña tiene unos 190.000 empleados en la Administración autonómica. Si queremos estar por debajo del 8%, el límite de temporales debería ser de 15.200 y no 34.000, como las plazas que se van a convocar. Se ha hecho una política expansiva de personal en estos años que nos coloca muy por encima», explica otro representante sindical.
