Escrivá propondrá próximamente un decreto al Consejo de Ministros que, hasta ahora, solo ha sido aceptado por UGT.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por José Luis Escrivá, está ultimando un real decreto de Oferta de Empleo Público que prevé presentar en las próximas semanas al Consejo de Ministros. Este decreto incluirá tanto plazas de acceso por turno libre como de promoción interna. Según fuentes ministeriales, esta propuesta, ligeramente superior a las 39.574 plazas del año anterior, “asegura la creación de empleo neto”.
La iniciativa ha recibido respuestas diversas por parte de los sindicatos. Únicamente UGT ha manifestado su “satisfacción” con los criterios establecidos en la reunión de la mesa general de negociación de la Administración General del Estado que tuvo lugar este miércoles. Según este sindicato, de las 40.121 plazas previstas, alrededor de 20.840 serán de turno libre y, al menos, 10.600 de promoción interna. Además, se contemplan 8.681 plazas para las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad del Estado. Otras 4.162 plazas se destinarán a nuevos servicios establecidos en la ley de presupuestos de 2023, como el Servicio Estatal Público de Empleo, la Seguridad Social y la Dirección General de Tráfico.
Por su parte, Comisiones Obreras (CCOO) ha calificado la propuesta de “pobre en términos cuantitativos y cualitativos”. Han criticado que el ministerio no haya aceptado modificar la propuesta en las sucesivas reuniones ni haya facilitado datos sobre la tasa de reposición. En concreto, CCOO destaca que la propuesta es inferior a la de 2023, especialmente en cuanto al número de efectivos de la Administración General del Estado.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) también ha mostrado su descontento con la propuesta presentada. Consideran que “es insuficiente, llega con retraso y mantiene la tasa de reposición”, una de sus principales reivindicaciones. Esta tasa limita el número de plazas que pueden cubrirse en la administración pública respecto al número de bajas previas, y el Ejecutivo se ha comprometido a eliminarla en 2025.
A pesar de las afirmaciones del ministerio sobre la generación de empleo neto con estas 40.000 plazas, CSIF calcula que se producirá una nueva pérdida de efectivos de personal laboral, con 443 plazas menos. Recuerdan que la Administración General del Estado tiene un déficit de 43.000 plazas desde el periodo 2010-2020, cuando la tasa de reposición llegó a ser del 10% en algunos años, y que “el 60% de la plantilla se jubilará en la próxima década”. Otro punto destacado por CSIF es que la Oferta de Empleo Público no garantiza el cumplimiento de los plazos. Los opositores a menudo enfrentan largos periodos entre la realización de las pruebas y la toma de posesión de las plazas. CSIF denuncia “el retraso en los procesos de oferta de empleo público desde 2019, con cerca de 50.000 plazas sin cubrir”.
Esta convocatoria de empleo público se desarrolla en paralelo a los procesos derivados de la ley 20/2021 para reducir la temporalidad en el empleo público. Esta ley ha sido cuestionada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la semana pasada, al considerar que no sanciona adecuadamente los abusos de temporalidad por parte de la administración, lo que ha llevado a colectivos de interinos a solicitar su anulación.
