El empleo público ha alcanzado en mayo un nuevo récord, sobrepasando los tres millones de afiliados a la Seguridad Social, con un crecimiento interanual del 3,3 %. Este incremento se da en un contexto delicado para el Gobierno, que está preparando una nueva oferta de empleo público mientras enfrenta la presión de la doctrina europea que exige la conversión de miles de interinos en indefinidos.
Aumento del empleo en comunidades autónomas y ayuntamientos
El 61% de estos trabajadores, es decir, 1,84 millones, pertenecen a las comunidades autónomas, las cuales han incrementado sus plantillas en un 4,43% respecto al año anterior. Por otro lado, los ayuntamientos, con 741.383 afiliados, representan el 24,5% del total, aunque han experimentado una reducción del 1,22% en el último año.
Crecimiento en la administración central
La administración central cuenta con 440.780 afiliados, un 14,5% del total. Esta es la administración que más ha aumentado su plantilla, con un crecimiento del 6,8%, cifra que supera significativamente el 2,45% de aumento en el sector privado durante el mismo período. Este incremento se debe en gran medida a las sucesivas ofertas de empleo público aprobadas por el Gobierno.
Concentración de empleos en sectores específicos
El 84,5% de los empleos públicos se concentran en tres áreas principales: administraciones públicas y defensa (37,8%), educación (20,9%) y sanidad (25,7%). Sin embargo, la distribución varía entre las diferentes administraciones. Las comunidades autónomas, responsables de educación y sanidad, tienen solo un 18,4% de funcionarios, mientras que el 33,1% son profesores y el 44,1% sanitarios.
Disparidad en la evolución de las plantillas
En contraste, los ayuntamientos, que aportan el 24,5% de los empleados públicos, tienen un 77% de su plantilla en funcionarios administrativos y policías locales. Aunque tanto las autonomías como los entes locales han reducido el número de funcionarios en el último año, han incrementado los puestos en educación y, en menor medida, en sanidad.
Diferencias en la administración central
La administración central, que representa el 14,5% del empleo público con 440.759 afiliados, ha visto un crecimiento significativo en su plantilla. Aquí, los sectores de educación y sanidad tienen un papel residual, con apenas un 1,86% y un 1,14% respectivamente. Los funcionarios constituyen un 52% y su número ha aumentado un 8,92%, explicando la mayor parte del crecimiento interanual.
Evolución histórica del empleo en la administración central
Desde 2013, el empleo en la administración central ha crecido un 84%, comparado con el 12% en los ayuntamientos y solo un 3% en las comunidades autónomas. Este crecimiento ha sido especialmente notable desde 2018, cuando Sánchez asumió el poder.
Además, la administración central se beneficia del peso de grandes empresas públicas como Correos y Renfe, que representan un 10,8% y un 7,9% de sus empleados respectivamente.
Desafíos con los interinos
El Gobierno enfrenta dificultades para justificar un nuevo máximo en 2024 debido a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. Los sindicatos presionan para que se mantengan cifras similares a las de 2023, con casi 40.000 puestos. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) exige la conversión de interinos en indefinidos, lo cual presenta un desafío debido a la alta tasa de temporalidad, cercana al 30%.
Reforma de la temporalidad
El Gobierno aprobó una «Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público» para abordar este problema, pero su eficacia es cuestionada. El TJUE ha dictaminado que no siempre es necesario superar pruebas para convertir estos empleos en indefinidos, y la interpretación de los tribunales españoles, incluyendo el Supremo, será crucial para el futuro del empleo público.
Transparencia en el empleo público
La falta de transparencia estadística complica la comprensión del empleo público. Aunque los datos de afiliación coinciden con los informes del Ministerio de Función Pública, la Encuesta de Población Activa (EPA) eleva la cifra de empleados públicos a 3,5 millones. Esto se debe en parte a los funcionarios de clases pasivas que no cotizan a la Seguridad Social y al elevado número de contratos con empresas y ONGs que desempeñan servicios públicos.
Además, existen 1,48 millones de afiliados en el Régimen General clasificados como trabajadores «sin contrato», lo que incluye a funcionarios, interinos y cargos políticos, representando cerca de la mitad del empleo público, pero sin especificar las condiciones o funciones de estos trabajadores.
