El proceso de estabilización de empleo público en España busca reducir la tasa de temporalidad al 20% en los próximos años, aunque el Gobierno fijó un objetivo más ambicioso del 8% para 2024.
Óscar López, nuevo ministro de Transformación Digital y Función Pública, ha iniciado su labor manteniendo contacto con los sindicatos de los más de tres millones de empleados públicos a su cargo. Según fuentes ministeriales, «los empleados del sector público serán la prioridad del ministerio». López ha prometido continuar con la hoja de ruta establecida por su predecesor, José Luis Escrivá, que ahora lidera el Banco de España. El objetivo principal es reducir la temporalidad que ha afectado al sector público, manteniéndose en torno al 30%. Para ello, los sindicatos han recordado la importancia de eliminar las limitaciones actuales en la tasa de reposición, que impide cubrir todas las vacantes en las administraciones.
El ministro, que se ha reunido esta semana con los sindicatos UGT, CC OO y CSIF, ha destacado la buena disposición en los encuentros y ha asegurado que mantendrá los equipos actuales en la Función Pública. Además, ha expresado su intención de acelerar las reformas pendientes, aunque también ha reconocido las dificultades que supone la situación política actual para lograr que dichas reformas se aprueben en el Parlamento.
Entre los retos más importantes para López se encuentra la reducción de la temporalidad hasta alcanzar el 8% antes de finalizar 2024. Además, deberá negociar un nuevo acuerdo salarial para los próximos años, ya que el actual pacto, firmado con CC OO y UGT para el período 2022-2024, prevé un aumento acumulado de hasta un 9,5% en las retribuciones. CSIF, por su parte, ha subrayado la necesidad de recuperar el poder adquisitivo perdido por los empleados públicos, calculando que en los últimos dos años se ha reducido un 6%, llegando a un 20% desde 2010.
Acuerdos para la modernización del sector público
El coordinador de CC OO, Humberto Muñoz, ha pedido al ministro la creación de un nuevo Acuerdo Marco que permita modernizar el sector público, ya que muchas áreas, como la sanitaria, están envejecidas; de hecho, se prevé que el 50% de su plantilla se jubile en los próximos diez años. Además, Muñoz ha insistido en la eliminación de la tasa de reposición a partir de 2025, tal como prometió Escrivá.
Fortalecimiento de los equipos laborales
Uno de los mayores desafíos que enfrentará López es la organización del empleo público, comenzando con la finalización de los procesos de estabilización de plantillas. Estos procesos, iniciados hace más de dos años y previstos para concluir el 31 de diciembre de 2024, fueron establecidos por la Ley 20/2021 para reducir la temporalidad en el sector público. El objetivo es pasar del 30% de temporalidad a un 8% en las plazas estructurales a finales de 2024.
Sin embargo, la complejidad de estos procesos, que pueden durar más de dos años desde su convocatoria hasta que los funcionarios tomen posesión de sus puestos, ha complicado alcanzar ese objetivo. A pesar de que se han ofrecido cerca de 600.000 plazas de estabilización en todas las administraciones públicas (nacional, autonómica y local), solo se han cubierto alrededor de 225.000 hasta ahora. El Gobierno, no obstante, se ha comprometido a alcanzar las 300.000 plazas estabilizadas a finales de 2024, tal como se acordó con la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación.
Aunque este esfuerzo reducirá la temporalidad, todavía quedarán entre 700.000 y 800.000 empleados públicos temporales en el país, principalmente interinos, lo que mantendrá la tasa de temporalidad alrededor del 20%. A pesar de que esta cifra es inferior a la de años anteriores, está lejos del objetivo del 8% comprometido con Bruselas.
Posibles resoluciones judiciales en el horizonte
En los próximos meses, es probable que los tribunales emitan nuevas sentencias sobre la conversión de los interinos en empleados fijos, especialmente aquellos que han recurrido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El TJUE ha instado repetidamente a España a poner fin al abuso de la temporalidad en las administraciones públicas, por lo que López podría verse en la situación de tomar decisiones importantes al respecto, en cuanto el TJUE se pronuncie sobre las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo.
El secretario general de UGT Servicios Públicos, Julio Lacuerda, transmitió al ministro las principales preocupaciones de los empleados públicos, como la jubilación anticipada, el desarrollo de la carrera profesional, el acceso a la Función Pública y la digitalización. López ha finalizado su primera ronda de contactos y a partir de ahora se reanudarán las reuniones técnicas con los sindicatos para negociar estas reformas.
